Sospechas sobre imprenta de billetes argentinos

El escándalo del Boudougate tiene un costado que no sólo atañe a la pesada denuncia por tráfico de influencias que pesa sobre el vicepresidente, que habría operado para que amigos suyos, que serían testaferros, se quedaran con la firma Ciccone Calcográfica. Ello se realizó con el consentimiento de la AFIP, que otorgó, por pedido del propio Boudou, una escandalosa y extensa moratoria.

Lo más grave es que, tras ese proceso polémico, ahora existe un manto de sospecha sobre la impresión, la calidad y las garantías de seguridad de los billetes que circulan -y circularán- en la Argentina.

Pese a la denuncia que pesa sobre la ex Ciccone, el Gobierno nacional, en complicidad con el Banco Central, igualmente decidió avanzar con la impresión de papel moneda en las instalaciones que tiene esa empresa en la localidad de Don Torcuato. Allí, según trascendió, ya se habrían registrado distintas fallas mecánicas que hicieron que, hasta el momento, sólo se haya impreso lo que se conoce como “reverso” del billete. Estas mismas máquinas, además, habrían sido usadas para imprimir billetes falsos en los años ‘90. Concretamente, a finales de esa década, tres personas fueron detenidas cuando iban a abordar un vuelo a Panamá, que se dirigían a ese país centroamericano para montar una empresa de turismo y una naviera. Los tres argentinos habían realizado los trámites en la Cancillería y en el consulado panameño, para realizar dichos emprendimientos. La garantía eran dos certificados de depósito en plazo fijo del Banco Nación, por cuatro millones y medio de dólares cada uno.

Los investigadores determinaron que los avales eran falsos, pero la impresión y el papel eran tan originales como la entidad bancaria que supuestamente los había emitido. La lupa fue puesta sobre el proveedor: Ciccone Calcográfica. Esto ocurrió el 18 de enero de 1999 y el caso se fue esfumando como otros que rozaron a la imprenta que creció durante la dictadura, cuando se les adjudicó la confección de las entradas para el Mundial de fútbol de 1978.

En 2001, el entonces juez de Instrucción de Tucumán Alfonso Zottoli ordenó la detención de uno de los directivos de Ciccone Calcográfica. La investigación se centraba en una duplicación por 1,2 millones de billetes de veinte pesos (bonos tucumanos). La firma reconoció el “error” en la impresión de los bonos. Uno de los primeros en intermediar en el escándalo fue el ministro de Economía de la provincia y su actual gobernador, José Alperovich. “Fue un error y la empresa se encargará del reemplazo de los bonos”, había salido a decir Alperovich. Ciccone también se vio envuelta en otros escándalos por falsificaciones (ver aparte).

Esta misma compañía, que ahora sería propiedad de los amigos de Boudou, es la elegida por la administración K para abastecer de papel moneda a un mercado que, sacudido por la inflación y ante los cepos para la compra de dólares, requiere de la constante -y descontrolada- emisión de billetes. A su vez, la Casa de la Moneda, que depende del Banco Central y que debería garantizar la calidad del papel moneda, también está en la mira. Su titular, Katya Daura, llegó a ese puesto de la mano de Boudou y hasta sería amiga personal. Tanto ella como el directorio del BCRA, que preside Mercedes Marcó del Pont, tuvo un rol crucial para que se firmara el contrato con la ex Ciccone, que implica una erogación de $ 537 millones para fabricar 1.205 millones de billetes.

En definitiva, la conclusión es la siguiente: si una empresa está acusada de hacer trampa con los billetes y luego es comprada haciendo trampa, y la persona que tiene que garantizar el control y la calidad de los billetes es amiga del que organizó la trampa, el resultado no puede ser otro que una trampa que, en ese caso, estaría constituida por la emisión de dinero de dudosa legalidad.

Estafas que salpicaron a Ciccone

èEn 1989, con Carlos Menem en el poder y Armando Gostanián como titular de la Casa de la Moneda, el vínculo de la empresa Ciccone con el Estado pasó por su mejor momento: de allí salieron a la luz los famosos “menemtruchos”. La relación se deterioró durante el segundo mandato del riojano cuando el ministro de Economía, Domingo Cavallo, acusó a la empresa de formar parte de las “mafias” comandadas por Alfredo Yabrán, aunque después se retractó.

Por aquellos años, la empresa comenzó a ser investigada por un supuesto fraude en operaciones comerciales internacionales de decenas de millones de dólares realizadas entre 1996 y 1997.

èEn 1997 Ciccone ganó una licitación para emitir cerca de siete millones de billetes de veinte dinares del emirato de Bahrein (más de 300 millones de dólares del momento), situado en el Golfo Pérsico. El caso fue dado a conocer al año siguiente por el diario francés Le Monde, que de acuerdo al juzgado galo contó que los billetes eran falsos y se hicieron circular por todo el mundo para desestabilizar la economía de Bahrein. El “trabajo” habría sido ideado por los servicios secretos iraníes, interesados en debilitar a uno de los estados de Oriente Medio más alineados con los Estados Unidos.

èEn ese tiempo, también trascendió que Ciccone estaba comprometida en dos causas por lavado de dinero. La primera estaba en manos de la Corte Suprema porque involucraba al embajador del Congo en una investigación de blanqueo de divisas provenientes del juego y del tráfico de armas. La segunda, una exportación de billetes realizada por Ciccone con destino a Angola por US$ 66 millones.En noviembre de 2000, Lotería Nacional también denunció a Ciccone por la duplicación de billetes ganadores. Las acusaciones por supuestas estafas hasta habrían llegado a México, donde hay más de una denuncia por la aparente duplicación de los registros de automotores.

Acusan a Julio Alak en el escándalo por la imprenta

La diputada por el GEN-FAP Margarita Stolbizer advirtió ayer que el ministro de Justicia, Julio Alak, es “funcional” al supuesto “entramado de negocios” en torno a la causa de la imprenta ex Ciccone.
Por tal motivo, Stolbizer presentó un pedido de interpelación en la Cámara baja para Alak porque, afirmó, “no es sólo (el vicepresidente Amado) Boudou, hay un entramado enquistado en el Estado para allanar el camino a la firma de Vandenbroele”.

“El ministro de Justicia es funcional al entramado de negocios que el amigo del vicepresidente viene haciendo con el Estado nacional, con una cobertura amplia política y judicial para dejar impunes las conductas reñidas con la ley”, fundamentó.

Stolbizer indicó que “el Ministerio de Justicia forma parte de la red de funcionarios que abren paso a la empresa Compañía de Valores Sudamericana -ex Ciccone-, representada por Alejandro Vandenbroele, a los negocios del Estado, en contrataciones sensibles a la seguridad pública y económica, como es la fabricación de billetes y de patentes”.

Según aseguró, pidió que Alak informe sobre la “evaluación de antecedentes de la empresa Compañía de Valores Sudamericana, capital y origen de los fondos, capacidad operativa y cumplimiento de compromisos fiscales y previsionales”.

“La discrecionalidad y falta de transparencia parecen ser moneda corriente en el manejo de las contrataciones públicas”, finalizó la dirigente del GEN.

Fuente:diariohoy.net